Preparan una ofensiva judicial contra el Ministerio de Economía.
La relación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales ha entrado en una fase de máxima tensión legal. La Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad que nuclea a más de 500 intendentes de diversos signos políticos, analiza presentar una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo el cargo de malversación de caudales públicos. Esta determinación surge tras la falta de respuestas oficiales ante el reclamo por la presunta retención indebida de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que por ley deberían financiarse obras de infraestructura vial y transporte en todo el territorio nacional.
El eje del conflicto radica en el cumplimiento de la Ley 23.966, la cual estipula que una porción mayoritaria de lo recaudado por dicho tributo debe ser transferida al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Según denuncian los jefes comunales, existe una brecha alarmante entre lo recaudado y lo efectivamente ejecutado: mientras que el año pasado el fideicomiso generó 3,5 billones de pesos, la Dirección Nacional de Vialidad solo habría recibido 1,2 billones, dejando un remanente multimillonario cuyo destino es cuestionado por los intendentes. Desde la FAM sostienen que estos activos estarían siendo desviados hacia la especulación financiera y el pago de deuda, en lugar de aplicarse a las necesidades urgentes de las comunidades locales.
La situación se ha agravado durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que el Estado habría percibido otros 1,5 billones de pesos sin que se registraran avances en obras públicas ni beneficios en el precio final de los hidrocarburos. Ante este escenario, la mesa de conducción de la FAM, encabezada por Fernando Espinoza, ya coordina con equipos letrados la estrategia judicial para frenar lo que consideran una asfixia financiera ilegal. Si bien los mandatarios municipales insisten en la necesidad de abrir una mesa de diálogo urgente con la Casa Rosada, la persistente falta de convocatoria por parte del Ejecutivo nacional los empuja a buscar una resolución en los tribunales federales para normalizar el flujo de recursos que consideran vitales para la gestión diaria de sus distritos.
